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La discusión sobre la posibilidad de investigar al presidente Pedro Castillo por el caso Puente Tarata abre diversos flancos: mientras que desde el Ejecutivo se defiende no investigar a Castillo, el procurador Soria evalúa acudir al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional.
 
Dame un poco de contexto.
Como hemos informado en anteriores ediciones de este boletín, el mandatario peruano fue denunciado por la Procuraduría en diciembre pasado por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal en relación al llamado caso Puente Tarata. Según la denuncia llevada a cabo por el procurador general del Estado Daniel Soria, existen indicios de tales delitos dado que Castillo se reunió con la cuestionada asesora empresarial Karelim López, vinculada al consorcio Puente Tarata III, días antes de que este mismo consorcio ganara una millonaria licitación con Provías Descentralizado.  Dado que se trata de una denuncia contra el presidente, la única facultada para abordar el caso es la actual fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, quien hace unos días abrió investigación preliminar contra Pedro Castillo. Esta investigación, sin embargo, fue suspendida.
 
¿Y eso por qué?
Lo que está en debate es el artículo 117 de la Constitución. De acuerdo con el mismo, el presidente “sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”. Para Ávalos, esto blinda al presidente de cualquier investigación por presuntos delitos como los de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Según Ávalos, dicha investigación tendría que reanudarse en julio del 2026, cuando el mandatario termine su periodo presidencial. No obstante, esta no es la única interpretación de tal artículo.
 
¿A qué te refieres?
Para la expresidenta del Tribunal Constitucional y actual magistrada Marianella Ledesma, el artículo constitucional solo restringiría la acusación contra Castillo, pero no la investigación preliminar. “Para ser eficaz no se puede esperar que termine el gobierno en cinco años para poder iniciar una investigación, porque (para ese entonces) no se va a encontrar las huellas ni los elementos del posible delito. Hay que ser bien ingenuos”, señaló hoy en entrevista la magistrada. Frente a la polémica jurídica, el procurador general Daniel Soria ha indicado que evalúa “qué caminos adicionales transitar por tratarse de un conflicto de interpretaciones constitucionales. Un llamado a solucionarlo es un juez constitucional que están en el Poder Judicial y en última instancia ante el Tribunal Constitucional”.
 
¿Y qué ha dicho el Ejecutivo?
El ministro de Justicia Aníbal Torres se ha adherido a la primera interpretación, que suspende la posibilidad de investigar a Pedro Castillo. Para Torres, Castillo “no puede ser acusado o ser investigado ni administrativamente, políticamente, judicialmente o fiscalmente, sino únicamente por las cuatro causales que están señaladas en el artículo 117”. En un gesto fuertemente criticado, Torres también ha señalado que el expediente del procurador Daniel Soria será revisado, después de que el abogado de Pedro Castillo Eduardo Pachas denunciara que el procurador no cumplió con los requisitos necesarios para el cargo. La primera ministra Mirtha Vásquez, a su turno, indicó que “la defensa (de Pedro Castillo) tiene derecho a plantear las estrategias que le parecen pertinentes“.

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Matheus Calderóncurador general