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El estado peruano violó los derechos a la salud y a la vida de una niña víctima de violación al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro, según un informe de Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CDN) publicado ayer martes 13 de junio.
Camila, seudónimo dado a la menor, fue violada por su padre desde los nueve años y quedó embarazada a los 13 en el año 2017. Cuando esto ocurrió, "un familiar la llevó a un hospital de Abancay, donde rompió en llanto y anunció al personal de salud que no quería tener un hijo de su padre ni estar embarazada".
Según el informe, la niña reiteró la petición en varias visitas médicas, pese a ello nunca se le informó de su derecho a solicitar el aborto terapéutico.
Posteriormente, y gracias al apoyo de una ONG, Camila solicitó al hospital acceso al aborto terapéutico y presentó una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo a la fiscal encargada de la investigación penal por violación.
Aun así, "nunca recibió respuesta del hospital ni de las autoridades judiciales". Según el informe, "el personal médico insistió en organizar controles prenatales regulares ignorando el estado de Camila". Y cuando la niña no acudía a estos, "el personal médico se personó varias veces a su casa, en ocasiones acompañado de agentes de policía, para presionarla a que continuara con el embarazo"
Más adelante, luego de sufrir un aborto espontáneo, la niña "fue acusada y condenada por autoaborto sin más pruebas que sus repetidas declaraciones de que no deseaba proseguir con el embarazo".
Al considerar que sus derechos habían sido violadas, Camila llevó su caso al CDN. Este, finalmente, ha considerado que "la falta de información sobre los servicios de interrupción voluntaria del embarazo y de acceso efectivo a dichos servicios expuso a Camila a un riesgo real, personal y previsible para su vida y su salud".
Además, indica el informe, "la situación se vio exacerbada por la condición de Camila de víctima de violación por parte de su padre, lo que agravó aún más las consecuencias del embarazo en su salud mental".
Por todo ello, el CDN dictaminó que "Perú violó los derechos a la salud y a la vida de Camila".
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