Hoy 3 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), presentó su informe titulado "Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales".
Según el informe, que se circunscribe a los hechos ocurridos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, el "uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado" habría derivado en "graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas".
El informe indica también que, "al ser perpetradas por agentes del Estado", algunas de las muertes de manifestantes, como las ocurridas en Ayacucho, "podrían constituir ejecuciones extrajudiciales".
Además, debido a que se trata de "múltiples privaciones del derecho a la vida" y "dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar", lo ocurrido podría "calificarse como una masacre".
Queda ver cómo responderá el Ejecutivo liderado por la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola.
En marzo de este año, ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, la canciller Ana Cecilia Gervasi remarcó el "firme e irrenunciable compromiso con el Estado de derecho, el derecho internacional y los derechos humanos" y destacó cómo ese compromiso se había "visto reflejado en la invitación que el gobierno del Perú efectuó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas", a fin de "constatar la plena vigencia y respeto de los derechos humanos en nuestro país".
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