Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura con las noticias de hoy miércoles 21 de diciembre del 2023.

Este podcast está saliendo más tarde de lo habitual porque, como les avisé por Whatsapp, parece que he contraído uno de los virus de temporada y de hecho esta mañana me hice mi prueba molecular para saber si es Covid. Varios de ustedes me han escrito comentando que saben de muchos casos en estos últimos días de personas que están cayendo con Covid, así que a cuidarse. El médico que me vio me dijo que esta variante de Covid que están viendo ahora no suele registrar complicaciones y se trata principalmente en casa, pero sí debo decirles que el malestar y sobre todo el dolor de cabeza, me han dejado inoperativo por un par de días. Así que poco a poco regreso a mi rutina, porque tampoco quería dejarlos estos últimos días del año sin noticias, porque siempre pasan cosas a finales de año.

Quiero arrancar como siempre con una noticia positiva. He visto esta mañana una nota en Perú 21 que destaca las iniciativas que recibieron este año el Premio al Desarrollo Sostenible de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Lo que está haciendo Antamina en Huarmey para cerrar brechas sociales y económicas, es para quitarse el sombrero. Lo que está haciendo Marcobre para combatir la violencia de género en Marcona, lo que está haciendo Anglo American en materia de gestión de derechos humanos, lo que está haciendo TGP con su programa de líderes ambientales Matsigenkas. Realmente hay proyectos extraordinarios, y me alegra mucho además porque conozco a algunas de las personas que están de ellos y puedo dar fe de su calidad humana y que están haciendo esto no porque piensan que es un check más que sumar a su lista de pendientes, sino porque realmente creen que la empresa privada debe entenderse a sí misma como un agente de cambio positivo para la sociedad. Así que nada, hay cosas extraordinarias ahí y vale la pena conocer más.

Ok, voy con las noticias del frente político. Ya que no pude hacer podcast ayer, voy a hacer un resumen con noticias importantes de los últimos dos días.

Veo que la Fiscalía acabó finalmente, luego de un año, con la investigación preparatoria contra Pedro Castillo, Aníbal Torres y Betssy Chávez por el golpe de estado del 7 de diciembre del año pasado, según el Comercio, y que ahora procederá a acusarlos a los tres. Este caso fue supervisado por el fiscal supremo provisional Uriel Terán pero llevada a cabo por uno de los cuatro equipos de fiscales adjuntos de la Segunda Fiscalía Suprema Provisional Transitoria. Tenían plazo hasta abril para investigar pero el fiscal Terán considera que ya tienen evidencia suficiente para acusar. No hay que olvidar aquí que este fue un golpe de estado televisado, así que al menos en lo que respecta a Pedro Castillo, la evidencia es incontrovertible.

Cabe indicar, por otro lado, que Terán ha sido reemplazado en el cargo que tenía por Alcides Chinchay, quien era su adjunto, como parte de los cambios que ha venido haciendo el fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena. Chinchay fue, según leo en El Comercio, quien consiguió para el Ministerio Público la condena a Kenji Fujimori por el caso Mamanivideos. Terán, más bien, ha sido sindicado como uno de los supuestos operadores de Patricia Benavides a la interna del ministerio público para lograr exculpar a su hermana, la juez Enma Benavides, a quien se le imputa haber cobrado coimas para liberar narcotraficantes. En fin, más allá de todo lo que se viene discutiendo sobre la interna de la fiscalía y quiénes eran operadores de quiénes, es fundamental que avance este caso y que para Pedro Castillo y los demás involucrados se pida una sanción ejemplar por haber buscado quedarse en el poder a través de un golpe de Estado.  

Cambiando de tema, ha habido varias revelaciones vinculadas al caso de Patricia Benavides, específicamente en lo que respecta a algunos personajes que han aparecido como relacionados a este caso más recientemente. Por ejemplo: el exministro aprista Hernán Garrido Lecca y el abogado Luis Hauyón. Recordemos que a inicios de la semana se hicieron allanamientos en los domicilios de cada uno de estos y también de otras dos personas más. Garrido Lecca había viajado a España, lo que generó suspicacias, pero regresó a Lima y dio declaraciones a los medios desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Dijo que no conoce al asesor de Patricia Benavides convertido en colaborador eficaz Jaime Villanueva, ni a ninguno de los trabajadores de la Fiscalía que fueron objeto de allanamientos en el marco de la llamada Operación Valkiria 5, es decir, Miguel Girao y Abel Hurtado. Dijo además que sí conocía a la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, y sobre cómo entró en contacto originalmente con ella señaló que "yo creo que fue por Rafael Vela", como dando a entender que este se la había presentado, cosa que luego Rafael Vela ha negado. De hecho, Vela ha declarado que en una de las conversaciones que tuvo con Villanueva, este le dijo que tuviera cuidado con Hernán Garrido Lecca, Luis Hauyón y Juan Fernández Jerí, el jefe de la autoridad nacional de control de la fiscalía, como dándole a entender que Benavides siempre buscaba estar en buenas migas con los primeros.

Aquí lo que se le atribuye a Garrido Lecca es haber actuado como operador de Benavides para lograr que la Junta Nacional de Justicia nombre a Fernández Jerí justamente como encargado de la autoridad nacional de control del Ministerio Público, que es una responsabilidad que tiene autonomía respecto de la fiscal de la Nación pero que, supuestamente, Benavides buscaba controlar para sacar a Rafael Vela de su puesto. Como sabemos, la autoridad a cargo de Fernandez Jerí le impuso una suspensión de ocho meses y medio a Rafael Vela.

¿Por qué le interesaría a Garrido Lecca conseguir tal cosa? Porque tener a Fernández Jerí a cargo de la autoridad que podía, en efecto, suspender a Vela, podría sacar a este del camino, aunque sea temporalmente, considerando que Garrido Lecca y otros ex funcionarios apristas están siendo investigados por el propio Vela en el marco del caso Lava Jato.

Ahora, yo les he comentado en podcasts anteriores que -a mi criterio- esa sanción impuesta a Vela resultó excesiva y arbitraria y que, en efecto, tengo sospechas de que Fernandez Jerí actuó aquí en pared con Benavides para conseguir este resultado, considerando indicios como los documentos de la autoridad nacional de control que se encontraron cuando se hizo el allanamiento de las oficinas de la fiscal de la Nación.

Pero aquí hay otra imputación que es bien grave, vale decir, que hubo una gestión ante miembros de la Junta Nacional de Justicia para lograr que Fernandez Jerí sea nombrado como titular de la autoridad nacional de control del ministerio público. Yo les he dicho que todas las otros imputaciones que ha levantado el Congreso contra la Junta Nacional de Justicia me parece que no se sostienen, pero esta en particular, que tiene que ver con el nombramiento de Fernandez Jerí, sí creo que debe ser investigada a fondo. Hay que decir que Fernandez Jerí llegó al puesto como resultado de un concurso que hizo la Junta Nacional de Justicia, pero la Contraloría sacó en su un momento un informe que encontraba irregularidades en cómo se le había asignado el puntaje en el concurso, poniéndole por ejemplo, 100 puntos a Fernandez Jerí en evaluación curricular, lo que le permitió superar a su competidor Pedro Miguel Angulo (a quién recordarán porque luego fue primer ministro de Dina Boluarte). Es bien extraño que a alguien le pongan 100 puntos en evaluación curricular.

Ojo aquí que cuando yo les manifiesto estas cosas no es para decirles que estoy absolutamente seguro de que hay algo ilegal, pero sí creo, por la información que estoy revisando, que ese nombramiento a Fernández Jerí tiene cosas que son extrañas y que merecen ser investigadas, incluso este aspecto en el que se le atribuye a Hernán Garrido Lecca supuestamente haber hecho lobby en favor de su nombramiento, cosa que él ha negado, aunque sí admite que lo conoce personalmente porque vio con sus estudio un caso de derecho minero por un cliente que tenía.

Sobre los miembros de la Junta, dice Garrido Lecca que conoce a María Zavala porque fueron parte del mismo gabinete en el segundo gobierno de Alan García, y que conoce a Guillermo Thornberry de la infancia pero que no ha hecho ninguna gestión de intereses con ellos. La Junta Nacional de Justicia, por su parte, ha sacado una comunicado diciendo que "realiza procesos de selección y nombramiento transparentes y no admite en ellos interferencias de ninguna índole" pero expresa su mayor interés en el esclarecimiento de señalamientos en los concursos indicados, refiriéndose al de Fernández Jerí y a los de otros fiscales supremos.

Aquí Garrido Lecca, de manera muy astuta, ha dicho que si la imputación que se le hace a él es la de ser parte de una organización criminal liderada por Patricia Benavides, eso significaría que, en consecuencia, los miembros de la Junta con los cuales supuestamente hizo lobby para nombrar a Fernandez Jerí también son miembros de esa organización criminal. En el Congreso algunos deben haber escuchado este argumento y les debe haber reventado el cerebro (en sentido figurado, por supuesto), porque nada quisieran más que poder imputarle pertenencia a una organización criminal a los miembros de la Junta, pero no se imaginaron que, para hacerlo, tendrían que reconocer que son la presunta organización criminal correspondiente sería la de Patricia Benavides.

Ok, no les he dicho nada todavía sobre el abogado Hauyón, pero lo que de está revelando sobre él es bien delicado. Por ejemplo, este habría tenido un interés muy fuerte por hacer que se cayera la investigación contra la agrupación religiosa Sodalicio de Vida Cristiana que incluye imputaciones de abuso sexual, entiendo que era abogado de dicha organización, y habría buscado aprovechar su cercanía con Patricia Benavides para lograr tal cosa. Según Jaime Villanueva, Benavides habría ejercido presión directamente con Rafael Vela para que se reuniera con Hauyón, lo cual Vela ha confirmado. Dice Vela que recibió una llamada de Benavides pidiéndole tal cosa a inicios del 2023. Se juntaron y Hauyón le increpó a Vela que permitiese que el fiscal Lizandro Pantoja se demorara tanto en sobreeser o archivar el caso del Sodalicio. También pidió que mantenga abierta una investigación contra la periodista Paola Ugaz que la vinculada al caso Odebrecht. Como sabemos, Ugaz es una de las periodistas que destapó el caso Sodalicio y que ha recibido todo tipo de abusos judiciales como resultado de ello.

En fin. El propio Villanueva ha declarado que fue a decirle a Vela que Benavides estaba molesta con él porque no estaban resolviendo el pedido de su amigo Hauyón. Vela le contestó que los fiscales son autónomos y él no podía forzar a un fiscal de su equipo a resolver de tal o cual forma. Ese es el motivo que tenía Hauyón para buscar, por su parte, la suspensión de Vela.

Otra cosa que se Jaime Villanueva ha revelado sobre Patricia Benavides es que ella le habría ordenado "desaparecer su teléfono celular, documentación o cualquier cosa que pueda involucrarlos ilícitamente, lo que constituiría un caso de encubrimiento u obstrucción a la justicia". Villanueva ha dicho que le dio tal orden en un mensaje de la aplicación de mensajería instantánea Signal, así que quedaría por ver si tiene evidencia sobre eso. También dijo Villanueva que fue la propia Benavides la que le dijo que se internara en una clínica (recordemos que eso fue exactamente lo que hizo Villanueva y lo detuvieron en la clínica San Pablo) y que la propia Benavides habría coordinado con un ejecutivo de nombre Vargas para que lo internen (la prensa señala que podría tratarse del gerente general de la Clínica San Pablo Amador Vargas Guerra). Pero a Villanueva los médicos de emergencia de la Clínica San Pablo decidieron no internarlo y solo diagnosticarlo con lumbago con ciática.

Hay también una revelación del equipo especial de fiscales que investigan la corrupción en el poder (Eficcop) en el sentido de que el fiscal adjunto provisional Guillermo Silva Loli recibió una llamada de Claudia Ruiz Mesías, esposa del fiscal provincial de enriquecimiento ilícito Ricardo Dulanto y una de las personas cuyo domicilio fue allanado esta semana, preguntándole si conocía de un operativo contra la fiscal de la Nación y este dio indicios de los detalles que le hacían pensar que sí. La hipótesis que maneja Eficcop es que Silva Loli fue puesto ahí mismo para que funcionara los los ojos y oídos de Patricia Benavides en Eficcop, tal cual ha declarado Jaime Villanueva. No sorprende, por tanto, que el nuevo fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena, lo haya sacado de ese cargo.

Un tema más sobre la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides. Veo que le han rechazado en el Poder judicial el pedido que había hecho para extender la medida cautelar que se emitió a su favor tiempo atrás y suspendió una investigación en su contra de la Junta Nacional de Justicia. Esta vez, la tercera sala constitucional de Lima dijo que no le correspondía a ella ver este pedido sino que debía ser dirigido al Sexto Juzgado Constitucional de Lima. Con esto lo que buscaba Benavides es anular nuevo proceso disciplinario inmediato que le abrió la Junta y que llevó a su suspensión temporal del cargo. Dicho sea de paso, la Autoridad Nacional de Control del Poder judicial le ha abierto un procedimiento administrativo disciplinario a la encargada del sexto juzgado constitucional de Lima, la jueza Jacqueline Tarrillo por haber concedido esa medida cautelar inicial a Patricia Benavides, como si hubiera algo irregular en ello.

Pasando al Congreso, veo que la bancada de Renovación Popular no va a dejar que se enfríe el proceso de destitución de la los miembros de la Junta Nacional de Justicia ahora que ha terminado la legislatura y ha pedido que se convoque a una sesión extraordinaria del pleno. Vamos a ver si el resto de bancadas está de acuerdo con eso o no. Lo que estaba pensando es que quizá la razón por la que algunas bancadas decidieron dejar caer este tema de la destitución de la Junta Nacional de Justicia es la elección del miembro faltante del Tribunal Constitucional. Quizá pudieron haber visto último como una victoria tal que les permitía encajar una derrota en el tema de la Junta Nacional de Justicia. Pero quién sabe.

Un último tema. Veo que varios ex titulares de la Defensoría del Pueblo han sacado un comunicado rechazando el despido o, mejor dicho, la no renovación del contrato, de la secretaria general del sindicato de la Defensoría Magali Gonzalez Manco, que consideran arbitrario e ilegal. Demandan por tanto que el actual defensor del pueblo Josué Gutiérrez deshaga esta medida y reinstaure a Gonzalez en su puesto. Lo que ha dicho la Defensoría, es que esta desvinculación se debe a un menor presupuesto entregado por el ministerio de economía. No solamente han desvinculado a Gonzales sino a 42 trabajadores en total.