Ministro de Economía propone escalonar beneficios laborales
El titular de la cartera de Economía Elmer Cuba planteó en una entrevista en Cuarto Poder "recalibrar" los beneficios laborales para reducir el costo de la formalidad para trabajadores de bajos ingresos y, de esa manera, combatir la informalidad en el empleo. Sobre esto y más hablamos hoy en el Newsletter de Comité. ¡Empecemos!
Estamos martes 10 de noviembre y estos son los titulares que desarrollo en el podcast de la mañana:
- El Gobierno de Keiko Fujimori desvinculó al director del Penal de Barbadillo, que es donde están recluidos varios ex presidentes, porque la hija de aquel fue contratada por la bancada de Perú Libre en el Congreso.
- El ministro de Economía Elmer Cuba propuso que el aporte para pensiones y para el seguro social no sea igual para todos sino que se vuelva gradual para darle a los trabajadores de bajos ingresos una mejor chance de estar en la formalidad.
- El congresista republicano Thomas Massie presentó en EEUU una moción de destitución contra el actual secretario de guerra Pete Hegseth responsabilizàndolo de haber llevado a su país a la guerra sin autorización congresal.
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LA NOTICIA DESTACADA
Ministro de Economía Elmer Cuba propone que algunos beneficios laborales sean escalonados
El titular de la cartera de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, dio una entrevista este último domingo a Cuarto Poder en la que reveló más detalles de la agenda económica del gobierno y señaló, por ejemplo, que una de las cosas que busca hacer es reducir los aportes a salud y pensiones para los trabajadores de menores ingresos.
Como suele ocurrir en el debate en el Perú sobre temas laborales, un sector de la opinión pública va a caracterizar esta propuesta del ministro Cuba como si él quisiera precarizar la situación de algunos trabajadores en particular, conculcándoles sus derechos. Pero, vale la pena explicar qué está detrás de esta propuesta, es decir, cuál es el razonamiento que lleva a Cuba a plantear tal cosa.
El Perú, como sabemos, es una economía altamente informal. Es decir, lo preponderante en el caso peruano es que los trabajadores estén en la informalidad y que, por tanto, no tengan acceso garantizado a ningún derecho laboral.
El diagnóstico de Cuba, que ciertamente se puede debatir pero con el cual yo coincido, es que tenemos una brecha muy grande de productividad en nuestra fuerza laboral frente a países desarrollados -por múltiples razones, como nuestra incapacidad de asegurar educación de calidad para todos-, y al mismo tiempo nuestra regulación laboral cumple estándares muy altos de reconocimiento de beneficios laborales. Esto último, uno podría decir, es algo estupendo, hasta que se cae en cuenta de que, con los niveles de productividad que tenemos, se hace muy difícil que la gran mayoría de empresas, vale decir, las pequeñas y microempresas, los puedan pagar.
Al resultar estos demasiado onerosos en términos relativos, lo que ocurre en consecuencia es que la gran mayoría de negocios de pequeña escala operan al margen de la ley, con sus trabajadores en situación de desprotección.
¿Es esto deliberado? ¿Acaso ocurre que esas empresas sí tienen como pagar esos beneficios laborales pero eligen no hacerlo? Sí hay, indudablemente, algunas empresas que, pudiendo hacerlo, no cumplen con las obligaciones laborales de sus trabajadores, y a estas habría que fiscalizarlas y sancionarlas según corresponda. Pero no es el caso de la gran mayoría, que simplemente no tiene cómo cubrir los costos de la formalidad aunque quisiese.
Lo que se desprende de este diagnóstico, según lo entiende el ministro Cuba, es que si queremos que más gente tenga algún nivel de protección laboral, se necesita disminuir el costo de la formalidad. Esto se puede hacer de distintas maneras, como recortar beneficios laborales de manera transversal. Pero Cuba no quiere ir por ese camino y lo que plantea en su lugar es hacer que ciertos beneficios laborales o sociales sean de aplicación gradual.
Por ejemplo, si hablamos de una persona que tiene un puesto de trabajo de bajos ingresos, si se le exige a la organización que lo emplea pagar un aporte para el seguro de salud (Essalud) y otro para el fondo de pensiones de -digamos para redondear- 10% cada uno, y si la propia productividad del trabajador no es suficientemente alta como para cubrir esos pagos permitiéndole a este ganar cuando menos la remuneración mínima vital, esa empresa no va a tener cómo cumplir y es esperable que mantenga a sus trabajadores en la informalidad.
La propuesta de Cuba, entonces, es escalonar esos aportes. Es decir, para una persona de bajos ingresos, la tasa de aporte al seguro de salud y al fondo de pensiones puede ser menor, pero va a subiendo a medida que suben los ingresos del trabajador. Por eso el ministro habla de “recalibrar”, porque no está eliminando un derecho laboral sino proponiendo que este sea, como les digo, escalonado, como lo es, por ejemplo, la tasa del impuesto a la renta aplicable a trabajadores dependientes.
¿Es razonable lo que está planteando el ministro? En mi opinión sí lo es, pero esto no es algo que se deba juzgar en la teoría sino por los resultados que genere. Si Cuba plantea esto es porque cree que esta alternativa de política pública va a trasladar a un número -ojalá- significativo de personas que hoy están en la informalidad, a la formalidad, y, por tanto, va a reducir mediblemente la desprotección laboral.
Fíjense. Lo que habría que preguntarse aquí es qué propuesta de política pública que se haya ensayado en los últimos años ha sido efectiva en reducir la informalidad y aumentar los niveles de protección laboral. Si tuviera que mencionar alguna, yo citaría -y esto también es controversial pero creo que es demostrable- la original ley de promoción agraria que propicio la formalización en regiones donde se llegó a tener pleno empleo, como Ica.
Pero más allá de leyes sectoriales, yo pienso que se necesitan cambios que sean más transversales. Y uno bastante razonable, desde mi óptica, es tomar medidas para reducir los costos de contratar laboralmente de manera formal. Creo que algunos irían incluso al extremo de desvincular por completo el pago de los aportes de salud o pensiones del vínculo laboral. Eso sería impracticable porque desfinanciaría al sistema de salud y al sistema de pensiones, pero un esquema intermedio y gradual como el que está planteando el ministro Cuba sí me parece que vale la pena ser explorado.
Lo único que apuntaría es que hay que tener mucho cuidado en el diseño de esa política pública para que no genere un incentivo perverso que disuada a empresas y trabajadores de impulsar aumentos en los ingresos de estos. Esto a veces pasa con la regulación de las mypes que genera desincentivos al crecimiento, pero es algo que se puede corregir.
Ojalá que, si llega implementar la política pública que está sugiriendo el ministro Cuba, su éxito se mida en la cantidad -esperemos ingente- de personas que logra pasar a la formalidad y que, por tanto, sale de la desprotección laboral absoluta que hoy supone, trágicamente, nuestra informalidad.
