Por: Augusto Townsend

El Congreso votó ayer una reconsideración al polémico nombramiento del Josué Gutiérrez, el ex abogado personal de Vladimir Cerrón, como defensor del Pueblo, pero apenas 30 congresistas estuvieron a favor de esa reconsideración y 82 la rechazaron. Es decir, quedó claro que la mayoría parlamentaria está cómoda con Gutiérrez como defensor pese a que es un nombramiento que no supera un estándar meritocrático mínimo.

Todo este proceso que ha llevado a la elección de Gutiérrez como Defensor del Pueblo y las explicaciones que han dado las distintas bancadas y congresistas que lo apoyaron, son claramente una burla a la institucionalidad y a la meritocracia en el país.

Por cierto, no es la única que hayamos visto en el pasado cercano y no tan cercano. Estamos ya acostumbrados a "repartijas" y designaciones politizadas en el Congreso, y acabamos de salir de un gobierno, el de Pedro Castillo, que hizo todo tipo de nombramientos cuestionables en el aparato público, desde favores políticos a gente visiblemente incompetente, hasta designaciones de personas con antecedentes muy serios de violencia contra las mujeres.

Hoy cuando converso con algunas personas, siento mucha resignación frente a hechos como el nombramiento de Gutiérrez, como si ya no tuviese sentido dar la pelea porque los políticos igual van a hacer lo que les da la gana. Pero hay que hacerlo, porque las designaciones de personas incompetentes o éticamente cuestionables en el Estado tienen un impacto directo en el bienestar de las personas.

Es difícil pensar en un mejor ejemplo que poner en el cargo de Defensor del Pueblo a una persona que no tiene ningún compromiso ni trayectoria comprobable en materia de defensa de los derechos humanos, habiendo tanta gente competente -con distintos perfiles ideológicos, cabe agregar- que podría cumplir muy bien esa función. Nos estamos acostumbrando, pues, a aceptar que nos pongan a personas completamente inadecuadas en cargos públicos de enorme trascendencia.

Quizá lo que pasa es que nos hemos habituado a compartimentalizar y exigimos meritocracia en algunos espacios del Estado que pensamos que son más importantes, mientras que en otros nos parece irrelevante exigirla. Esa visión miope va a hacer que la perdamos por completo y que nuestro sistema político renuncie a verla siquiera como un ideal. 

Piénselo de la siguiente manera. Si hubiéramos hecho, como sociedad, un mejor trabajo defendiendo la meritocracia en la función pública, no habría sido tan fácil para el régimen de Pedro Castillo perforarla como lo hizo. Tenemos, pues, que hacer un mejor trabajo. Nuestro compromiso con la institucionalidad tiene que ser firme y transversal, no esporádico o antojadizo.

A veces no nos damos cuenta de que ciertas cosas que pasan en la política peruana son como tocar fondo. En este caso, no importa si uno tiene ideas políticas liberales, progresistas o conservadoras: el que un candidato tan inadecuado como Josué Gutiérrez haya sido elegido defensor del Pueblo, es tocar fondo.

Aquí hay que preguntarse también: ¿por qué siendo tan inadecuado el perfil de Gutiérrez, el Congreso termina respaldándolo? La explicación que han venido dando algunos congresistas es que ya no se podía esperar más, que era irresponsable del Congreso seguir dilatando este nombramiento.

A primera vista tiene algo de sentido esta argumentación. Es verdad que el Congreso se ha demorado muchísimo en hacer ciertos nombramientos de altos funcionarios. El caso más grave es haberse tardado tanto con los remplazos de hasta seis magistrados del Tribunal Constitucional con mandato vencido, lo que nos puso en la situación de tener que cambiar casi en su totalidad a los integrantes de esta corte, lo que generó a su vez un riesgo enorme de que el perfil ideológico de la corte pudiese cambiar radicalmente de la noche a la mañana.

Eso es completamente contrario a la estabilidad que uno espera que tenga un tribunal tan importante como este. De modo que sí, hay un argumento importante en favor de no demorar estos nombramientos. Pero ese argumento, siendo válido, no puede ser tomado como un excusa para elegir a cualquiera, solo por la premura.

Y digo excusa porque el apuro para elegir a Gutiérrez no es casual. Cuando uno ve que un partido al que el propio Gutiérrez se ha referido en términos muy denigrantes, ahora respalda su nombramiento, inevitablemente se pregunta qué estará recibiendo a cambio ese partido para, como se diría coloquialmente, "tragarse el sapo".

Sobre esto veo distintas especulaciones. Una apunta a que ha habido aquí un canje. Que Fuerza Popular ha apoyado a Perú Libre para que nombre al ex abogado de su secretario general como defensor del Pueblo, a cambio de que Perú Libre luego respalde a quien Fuerza Popular proponga como nuevo miembro del Tribunal Constitucional, habida cuenta de que hay un reemplazo que hacer de forma inminente.

Otros hablan de una negociación para poner gente en la Junta Nacional de Justicia, y otros de tratativas para definir a la siguiente mesa directiva del Congreso, cosa que puede ser muy relevante frente a un eventual escenario de vacancia, porque el nuevo presidente o presidenta de esa mesa directiva podría suceder constitucionalmente a Dina Boluarte si cae su presidencia.

En fin, hay varias cosas que podrían estar negociándose en el trasfondo pero, de ser el caso, lo que ya tenemos confirmado es que la primera consecuencia de esa negociación es haber habilitado el nombramiento en la Defensoría del Pueblo de una persona completamente inadecuada para el cargo, cuyo único "mérito" parecería ser generarle a alguien más una ventaja política en otro asunto.

Siempre es bueno recordar: la negociación es una parte fundamental de la política, que de hecho es muy positiva cuando sirve en última instancia a los intereses de los ciudadanos. Pero la negociación se convierte en "repartija" cuando ya no se trata de los intereses de los ciudadanos, sino de cómo se cuotea el poder entre quienes ya tienen acceso a él. Y la forma más fácil de identificar esto es cuando no hay mínimos innegociables. Si Josué Gutiérrez puede ser Defensor del Pueblo, significa que quienes están negociando están dispuestos a aceptar cualquier cosa, no importa cuán reñida esté con los intereses de la ciudadanía.