El Tercer Juzgado Unipersonal del Cusco declaró consentida la prescripción del proceso penal en contra de Alejandro Soto, actual presidente del Congreso.
Soto, congresista de Alianza Para el Progreso se había acogido a una ley que él mismo votó en el Congreso, en un claro conflicto de interés, que recortó los plazos de prescripción de algunos delitos.
Antes de la aprobación de dicha norma por parte del Congreso, el delito imputado a Soto no hubiera prescrito sino hasta octubre de 2027. Pero, de acuerdo a la nueva ley, el presunto delito prescribió cinco años antes, en octubre de 2022.
La fiscalía había solicitado una pena de 8 años y 8 meses de cárcel por el delito de estafa en contra de la empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu S.A.
Pese a que Soto y otras cinco personas fueron beneficiadas con la prescripción de los presunto delitos que se les imputaban, Waynapicchu presentó una demanda civil en la que solicita una reparación por daños y perjuicios por un total de S/1 371 981.58.
A Soto le correspondería pagar S/84 436.92, ya que se le imputa, por un lado, haberse contratado a sí mismo y haberse pagado 10 mil soles por la elaboración de un estatuto que nunca entregó. Esto, siendo asesor legal de la empresa.
Por otro lado, según la demanda presentada por Waynapicchu, Soto compró un terreno por 5 mil dólares para luego venderlo, a través de un tercero, a la misma empresa por 265 mil dólares, falseando además la extensión de este.
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